El Ministerio de Salud (MINSA) organizó un evento este 9 de febrero en Piura, al norte de Perú, sobre «interrupción voluntaria del embarazo», de la mano de la multinacional del aborto Planned Parenthood, acusada de traficar con órganos y tejidos de bebés abortados en sus clínicas en Estados Unidos.
El evento se realizó en el hotel Intiotel de Piura, y fue organizado por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del MINSA, a través de su Dirección de Salud Sexual y Salud Reproductiva.
También figuran como organizadores “Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva” de la Dirección Regional de Salud de Piura, la Misión Perú de la organización francesa Médicos del Mundo, el Centro Ideas y Católicas por el Derecho a Decidir, que durante más de una década ha movido millones de dólares para promover la legalización del aborto en América Latina.
En el afiche que anunciaba el evento en Piura, figura el emblema de Planned Parenthood.
En su página de Facebook, Médicos del Mundo Francia-Misión Perú asegura que «en el Perú, el aborto terapéutico es un derecho».
El aborto en Perú es un delito incluido en el Código Penal. Solo está despenalizado -un delito sin sanción- en casos de riesgo para la vida de la madre.
En 2014, en medio del rechazo del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSSOP) y la Sociedad Peruana de Derecho Médico el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala, hizo público un “protocolo” para casos de aborto terapéutico.
En esa ocasión, la Sociedad Peruana de Derecho Médico advirtió que “no es cierto que el ‘aborto terapéutico’ sea legal en nuestro país”.
La Asociación Nacional de Médicos Católicos del Perú también criticó el protocolo de aborto terapéutico, y precisó que “los médicos no necesitamos ‘protocolos’ para salvar vidas. Es evidente que aquí se trata de un protocolo para justificar terminarlas”.
En declaraciones para ACI Prensa el 9 de febrero de este año, el director para la oficina de América Latina del Population Research Institute, Carlos Polo, recordó que “cuando se aprobó el protocolo terapéutico se dijo a la población que no se trataba de promover el aborto sino de atender los casos excepcionales de una manera honesta. Hoy resulta que la capacitación de los médicos la ofrece la franquicia de clínicas de abortos totalmente cuestionada en Estados Unidos por su falta de honestidad”.
Polo recordó que una reciente investigación del Congreso de Estados Unidos a Planned Parenthood “ha arrojado que no solo hay indicios de tráfico de órganos de fetos abortados sino también gastos de millones de dólares en grandes sueldos para funcionarios, viajes, fiestas y bienes inmuebles que no justifican la recepción de fondos públicos”.
“El Memorándum del Comité de Supervisión y Reformas Gubernamentales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, con fecha 29 de Septiembre del 2015, también da cuenta de millones de dólares que Planned Parenthood envía al extranjero sin ninguna contabilidad”, recordó.
Planned Parenthood recibe al año, de fondos de impuestos de Estados Unidos, más de 500 millones de dólares.
Durante la campaña electoral, de la que salió victorioso, Donald Trump ofreció cortar el financiamiento público a Planned Parenthood y redistribuir ese dinero a centros de salud para la mujer que no realicen abortos.
Tras el resultado electoral, la multinacional del aborto, en un correo a sus simpatizantes, aseguró que “estamos entrando en el momento más peligroso en la historia de Planned Parenthood”.
Fuente: ACI Prensa