Por Carlos Polo
El 9 de enero de 1975 fue promulgada la Constitución estatal de Quintana Roo donde se autoproclama como estado libre y soberano. El 24 de febrero del 2021 está condición podría cambiar y la población quintanarooense podría ser sometida a la prepotencia de una minoría que no reconoce los procesos democráticos ni la representatividad de su poder legislativo.
Este pequeño estado del Caribe mexicano, conocido mundialmente por la oferta turística de sus playas en Cancún, podría ser un modelo que anuncie el fin de la práctica democrática, un modelo que ya no aspira a legislar con un parlamento elegido por el voto de las mayorías sino por cualquier grupo que se pueda imponer por la fuerza sobre los demás.
La historia comenzó el 29 de noviembre de 2020. Grupos de feministas radicales tomaron físicamente el edificio del congreso estatal. Mujeres enmascaradas, desaforadas, con poca ropa y pintura roja simulando sangre en sus cuerpos expulsaron violentamente a todos del recinto parlamentario. Secuestraron el congreso. Diputados, funcionarios y hasta el personal de seguridad fue desalojado a viva fuerza. Allí se instalaron y por más de dos meses se apropiaron del local. Todo ese tiempo se dedicaron a hacer gala de su poder con actos histriónicos pro aborto y pintarrajearon todas las instalaciones por dentro y por fuera con su lemas y consignas de odio y violencia. Lo increíble es que los policías las protegían para que nadie se lo impidiese.
Las fotos y videos que ellas mismas difundieron hablan por sí mismas.
Esta medida de fuerza llegó a su punto máximo el 10 de febrero de 2021. Ese día consiguieron que los diputados presidentes de comisiones del Honorable Congreso Libre y Soberano del estado de Quintana Roo, (que a este punto lo de libre y soberano ya sonaba a ironía) firmaran lo que llamaron un «ÄCUERDO DE VOLUNTADES».
En este documento de lenguaje orwelliano, la Red Feminista Quintanarooense- RFQ hablaba del “diálogo, concordia, respeto al derecho a la reunión pacífica y de protesta, del consenso y la pluralidad… sin ningún tipo de presión”, pero exigía el acuerdo de un calendario según se darían todos los pasos para aprobar el dictamen de la ley de aborto. El cumplimiento de ese cronograma sería supervisado por una comisión formada por diputados y miembros de la RFQ. Y por último, el acuerdo estipulaba que los diputados se comprometían a no presentar ninguna denuncia, persecución o señalamiento político a ninguna de ellas. Todo en nombre del “diálogo, la buena fe, la representación y la solidaridad entre la ciudadanía y el estado”.
Ese mismo día de la firma del «acuerdo de voluntades», la RFQ publicó un comunicado informando a la población que mantendrán la toma del recinto legislativo “a partir de la firma de este convenio y hasta la emisión de un dictamen correspondiente a la iniciativa (del aborto)”, esto es, que se aprobaría la ley de aborto antes del 24 de febrero, día en que finalizaría la legislatura. Además informaban que los presidentes de las comisiones de diputados habían acordado que la RFQ participaría de todas las sesiones de discusión y votación. Este pequeño grupo radical incluso será el encargado de autorizar la entrada y salida de los diputados y su personal administrativo con un estricto horario desde las 9am y solo hasta las 6pm. Concluyeron el comunicado diciendo que se establecerá un nuevo calendario en lo que resta del 2021 para el análisis de otras 9 acciones legislativas propuestas por la RFQ. En otras palabras, el secuestro no tiene fecha de término.
Hasta ahora los diputados han cumplido al pie de la letra el cronograma de la RFQ cediendo a su chantaje e imposición. Las entidades públicas del oficialismo pro aborto de López Obrador se han hecho de la vista gorda a este atropello a la democracia. El congreso está legislando solo para un grupo reducido de mujeres enmascaradas violentando los procesos democráticos que no representan a la inmensa mayoría de mujeres del estado de Quintana Roo, pobres, mujeres verdaderas, orgullosas de sus embarazos y de ser madres de familia trabajadoras.
¿De perpetrar sus propósitos y aprobar el aborto podemos decir que todavía existe la democracia y el estado de derecho en Quintana Roo? ¿Seguirá vigente la constitución que afirma que es un estado “libre y soberano”?
Hoy el congreso ha sido tomado de rehén y las exigencias de la RFQ son peores que las de un secuestro común. En esos casos, se pide un rescate para liberar a la víctima y mantenerla con vida, en el caso del secuestro del congreso de Quintana Roo. La exigencia es en sí misma la destrucción del poder legislativo y de todo el sistema democrático.
