Una serie de instituciones argentinas se sumaron al apoyo otrogado a la jueza que suspendió la aplicación de la ley del aborto en la provincia del Chaco (Argentina), además rechazaron los ataques de representantes abortistas contra la magistrada.
En una carta firmada el 1 de febrero por varias instituciones, entre ellas el Arzobispado de Resistencia, se rechazó el ataque a “la República y las instituciones en Argentina”
El pronunciamiento de instituciones sociales, políticas, religiosas, académicas, sanitarias, entre otras, surge a raíz de los ataques verbales que distintos funcionarios públicos cometieron contra Marta Aucar de Trotti, jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia.
Aucar de Trotti acogió el 28 de enero una medida cautelar contra la ley del aborto, que pide declarar la “inconstitucionalidad de la norma” debido a que la Constitución argentina así como la provincial y los tratados internacionales ratificados por el país defienden la vida del niño por nacer.
En su carta del 1 de febrero, las instituciones rechazaron “con firmeza el atentado a la independencia judicial llevada a cabo, mediante ataques ofensivos y engañosos, realizados por diferentes sectores hacia su investidura e integridad personal y familiar”.
“Estas conductas de extrema gravedad institucional amenazan el sistema republicano y afectan de manera directa a toda la justicia argentina”, agregaron.
Además, “el control de constitucionalidad de las normas y actos de los mismos compete de manera indelegable al poder Judicial”, afirmaron.
En ese sentido, “la libertad de pensamientos, creencias, y reflejadas en el disenso, hacen al crecimiento de una sociedad, siempre que se utilicen los canales procesales e institucionales correspondientes”.
Las instituciones alentaron a las autoridades a “garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas junto con el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, como así también respetar las autonomías provinciales y los derechos reconocidos en sus constituciones”, concluyeron.
Luego de la entrada en vigencia de la ley 27.610 del aborto, el 24 de enero, se han ejecutado distintas acciones de amparo en varias provincias.
También, el 22 de enero se presentó una denuncia penal contra el presidente de Argentina, Alberto Fernández, por el delito de genocidio y cohecho, debido a la promulgación de la ley del aborto.
La ley del aborto fue aprobada por el Senado el 30 de diciembre de 2020 luego de una intensa pero breve discusión legislativa que duró menos de un mes, incluyendo a la Cámara de Diputados.
