Más de un millón y medio de ciudadanos han exigido al Congreso de Perú derogar el decreto legislativo 1323 –con rango de ley–, publicado por el gobierno peruano el 6 de enero, al que han calificado de “mordaza” contra quienes se oponen a la agenda LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).
Los ciudadanos miembros del colectivo #ConMisHijosNoTeMetas, que agrupa a padres de familias, docentes y representantes de diversas comunidades cristianas, presentaron el millón y medio de firmas en el Congreso el 17 de febrero, en una conferencia de prensa en la que también participaron los congresistas Julio Rosas, Juan Carlos Gonzales, Roberto Vieira, Tamar Arimborgo y Glider Ushñahua.
En septiembre de 2016, el Congreso de Perú otorgó facultades legislativas por 90 días al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, “en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú”. El plazo para que el Poder Ejecutivo emita decretos legislativos finalizó el 6 de enero de 2017.
El decreto legislativo 1323 modifica el Código Penal para incluir como agravante para los delitos la “intolerancia o discriminación”, por, entre otros motivos, la “orientación sexual” y la “identidad de género”.
En la modificación al artículo 323 del Código Penal, la nueva norma establece “pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años” o “prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas” para estos casos.
Este decreto legislativo podría ser derogado por el Congreso.
En enero de este año, el abogado Juan Puertas dijo a ACI Prensa que este decreto legislativo “es un peligro de censura en todos los temas jurídicos y políticos que involucren a la población LGTB o feminismo entre otros, dado que pueden alegar que por opiniones se está pretendiendo ‘limitar derechos’, y hoy sabemos que cualquier reclamo político es vestido bajo la figura de supuestos ‘derechos’”.
El jurista advirtió en esa ocasión que “existe un peligro de persecución judicial”.
En declaraciones a ACI Prensa el 17 de febrero, Sergio Burga, del Population Research Institute, calificó de “un hecho sin precedentes” la presentación de más de millón y medio de firmas de ciudadanos para exigir la derogación de un decreto legislativo.
Burga calificó este decreto legislativo como una “ley mordaza”, pues “sirve para amordazar y perseguir a todo opositor de grupos o políticas LGTBIQ”.
En la petición que acompaña las firmas, el colectivo #ConMisHijosNoTeMetas exigió a la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, que el decreto legislativo del gobierno sea derogado.
El grupo anunció también que el 4 de marzo realizarán manifestaciones en diversas partes del país, exigiendo que se retire la ideología de género de las políticas, directivas y material del gobierno, entre ellos del Currículo Nacional para la educación de menores.
Fuente: ACI Prensa.