El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, así nacidos, para formar una familia. Es una institución social, que por su misma naturaleza, constituye el núcleo básico donde la persona crece y se educa. Es también, una comunidad de vida y de bienes, que ha sido favorecida entre las demás formas de relaciones en todas las culturas, de todas las áreas geográficas y en todos los tiempos. Es decir, el matrimonio y la familia son instituciones anteriores y superiores al Estado, por lo tanto no pueden ser redefinidas por el Estado.
Si el matrimonio es una institución que supera las atribuciones del Estado. ¿Cuál sería, entonces, el interés de los gobiernos para reconocer privilegiadamente el matrimonio entre un hombre y una mujer?
A diferencia de las uniones entre personas del mismo sexo, el matrimonio natural por su esencia, se encuentra abierto a la posibilidad de la procreación y la consecuente educación de los hijos. De su particular estructura depende el reemplazo generacional y establece las condiciones necesarias y más beneficiosas para el desarrollo integral de los niños. Dicho en otros términos, el matrimonio natural posee una función social determinada que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad.
Es por esta razón que el Estado reconoce el matrimonio natural y además le interesa protegerlo. Ya que considerar el matrimonio como un asunto meramente moral y privado, abriría las puertas a todo tipo de relaciones sexuales y de convivencia, sin importar su cantidad o forma. Esta situación nos llevaría a validar, por ejemplo: uniones incestuosas, poligámicas, etc.
Debemos tener claro que promover el matrimonio natural, no prohíbe otro tipo de relaciones, las uniones homosexuales existirán siempre, finalmente, cada quién es libre de elegir cómo vivir y con quiénes desea asociarse. Sin embargo, imponer como decreto el reconocimiento de esas relaciones, equiparándolas al matrimonio natural, sería perjudicial para la sociedad, porque redefinirá la mayor institución en favor de los hijos que ha existido en toda la historia de la humanidad.
No podemos obviar que este tipo de uniones, no brindan ningún beneficio para la sociedad en su conjunto, por lo tanto sería equívoco trivializar la institución del matrimonio en simples relaciones socio-asistenciales. Después de todo, seríamos nosotros, la gran mayoría, quiénes subsidien todas las ventajas estatales asociadas al matrimonio, sin obtener nada a cambio.
Entonces, la cuestión de demostrar si el Estado debe o no legislar sobre las uniones entre personas del mismo sexo, primero pasa por reconocer, la naturaleza y finalidad del matrimonio; y segundo, en prevenir las consecuencias adversas que conllevaría intentar consagrarlo jurídicamente.
Tal como lo dijo el Presidente del Supremo de Estados Unidos, John Roberts, lo que en realidad pretende el lobby lgbt, no es incluirse en la institución del matrimonio, buscan redefinir la institución del matrimonio y lo quieren imponer a través de la vía judicial. Fue así como en este país, ganaron más los deseos de los adultos que los derechos de los niños.
Lo siguiente será las restricciones de los derechos fundamentales, la persecución de todos aquellos que se oponen a estas uniones por cualquier motivo, amenazando la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de los padres a educar a sus propios hijos. Sin olvidar que el lobby lgbt insiste en sostener que su deseo de paternidad, es también un derecho que el Estado debe solventar, lo que aumentaría la explotación de mujeres debido al mercado de la maternidad subrogada y la cosificación de la dignidad humana, a través de los métodos de reproducción artificial y así poder entregarles hijos a las uniones entre personas del mismo sexo.
Por ello, no estar de acuerdo con el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, es en realidad un derecho, no un acto de discriminación.
Por Sara Larín. VIDA SV.