No tiene traducción judicial ni coercitiva, sólo supone presión diplomática -como todo lo que hace Naciones Unidas- pero va a funcionar como una Gestapo LGTBI que, con la excusa de evitar la discriminación de los homosexuales, coarte la libertad de expresión persiguiendo a quien defienda el matrimonio entre hombre y mujer.
El 17 de junio se registró una resolución ante el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra sobre orientación sexual e identidad de género a instancias del colectivo LGTBI. Esta resolución la han patrocinado países latinoamericanos en coalición, con la alargada sombra de la Casa Blanca detrás.
La idea ha sido elaborada por Uruguay, redactada por Brasil y presentada formalmente por México, apoyados por Costa Rica, Colombia, Argentina y Chile. La delegación mexicana ha sido la encargada de presentar este texto al ser el único país que forma parte del Consejo de los Derechos Humanos. Pero detrás está la Casa Blanca.
La propuesta consiste en nombrar un relator especial que vigile por el cumplimiento de los derechos del colectivo LGTBI. Es decir, una suerte de ‘policía’ al servicio de los intereses del lobby gay.
Esta resolución va mucho más lejos que las anteriores que se aprobaron en 2011 y 2014, en las que simplemente se censuraba la violencia y la discriminación social y laboral por razones de identidad sexual. La votación está prevista para el jueves 30 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Ya existe la figura del relator
Uno de estos ejemplos de emisarios del LGTBI es Randy Berry, una figura creada por el Departamento de Estado de la administración Obama, cuya finalidad es extender el mensaje LGTBI en el mundo.
Randy Berry, diplomático abiertamente homosexual, fue designado por el secretario de Estado americano John Kerry, para que actuase como embajador del colectivo gay en todo el mundo y en nombre de la poderosa diplomacia estadounidense. De hecho, el propio Berry ha sido uno de los personajes más activos en esta resolución.
Ya se han alzado varias voces en EEUU contra esta imposición. Argumentan que estos supuestos “derechos LGTBI” son imposibles de medir de una forma objetiva y que tienen como consecuencia que aquellos estados e individuos que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer podrían verse perseguidos. Un ejemplo serían los hombres y mujeres que defiendan su privacidad en aseos y duchas y se opongan a los baños de “género”.
CitizenGO se manifiesta contra la presión del lobby LGTBI
Ante esta iniciativa, la asociación CitizenGO se ha movilizado para recoger firmas contra esta propuesta, recogiendo la preocupación de llevar tan lejos la ideología de género al intentar crear una “Gestapo Gay”.
Desde esta plataforma han podido saber que la UE y EEUU han preferido que fuesen otros países los que presentasen esta resolución pero que sus diplomacias tienen la orden de apoyar con entusiasmo esta iniciativa de presión del colectivo gay.
Esta serie de ‘derechos humanos LGTBI’ serían para la ONU de competencia mundial. Según el texto, el relator especial se dedicarán a una labor de vigilancia y control sobre gobiernos y sobre legislaciones, para ver si realmente cumplen la agenda LGTBI.
«Una de las funciones del relator será “evaluar la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos” aplicadas al colectivo LGTBI»
La resolución indica textualmente que las competencias del relator serán:
“Evaluar la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos y las normas vigentes respecto a formas de superar la violencia y discriminación contra las personas en base a su orientación sexual o identidad de género al mismo tiempo que se identifican mejores prácticas y las lagunas de esas normas y leyes internacionales“.
Una decisión muy polémica
Esto “quiere decir que todo aquel que defienda el matrimonio entre hombres y mujeres estará corriendo un riesgo al expresar su opinión”.
Y es que no existe ningún tipo de tratado internacional que establezca derechos basados en la orientación sexual y en la llamada ‘identidad de género’ (SOGI en inglés).
No existe una legislación nacional, ni estándares que gocen de consenso a la hora de establecer la SOGI como una categoría protegida por los Estados miembros de la ONU.
La Carta de las Naciones Unidas es clara al decir que “la ONU no está autorizada a intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”.
Sin embargo, este relator LGTBI interferiría en cuestiones relativas a la sexualidad, cultura, religión y familia. Lo cual es una injerencia claramente arbitraria.
«La presión LGTBI de Obama ya provocó un incidente diplomático con República Dominicana».
Esta ofensiva en Naciones Unidas culmina una cruzada de Washington para extender la ideología de género. El colectivo LGTBI está realizando una presión y ofensiva diplomática muy fuerte gracias a los beneficios que les concede la administración Obama. Hasta seis embajadores, abiertamente homosexuales, ostentan el cargo de emisarios del lobby gay.
De hecho, el principal conflicto diplomático que le ha explotado a Obama en la cara ha sido este asunto en República Dominicana, donde la clase política y los líderes religiosos del país han estallado por las intromisiones del embajador Brewster, que una y otra vez ha aprovechado su cargo para expandir la agenda LGTB en el país.
Durante los últimos el gobierno de Obama se ha dedicado a promover la agenda LGTBI en todo el mundo. El líder americano y su administración han tratado durante las dos últimas legislaturas de imponer la ideología de género, sin importar los conflictos diplomáticos que pudieran causar.