Carlos Beltramo, PhD
Germán Beltramo
Antes de que finalice el mes, posiblemente en la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo el miércoles 23, se votará la aprobación del documento conocido como “Informe Matić”. Este informe, presentado por el Eurodiputado croata Predrag Fred Matić, se enfoca en “la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres en el continente. El informe cuenta con el respaldo de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y ahora queda en manos de los eurodiputados aceptar o rechazar el documento.
El informe presenta un análisis de las diferencias que hay en los países de la Unión respecto a los “derechos sexuales y reproductivos”. Este es un tema de salud y derechos humanos y, por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de los Estados. Esto significa que la EU no puede imponerlo a todos los países. Pero lo que en realidad busca el Informe Matić es que el aborto sea declarado como un derecho… y más específicamente, un “derecho humano”. El peso simbólico dentro y fuera de Europa de un paso así sería inmenso.
Para lograrlo, el Informe Matić utiliza algo que ya los griegos conocían: las falacias. Falacia es mezclar una mentira con algunas verdades para que la persona no se dé cuenta de la falsedad. Los “derechos” a los que se refieren son de una amplia gama. Algunos son razonables, como las ayudas de atención materna, y otros totalmente anti vida, como la “comprehensive sexuality education” para alumnos de primaria y secundaria o la disposición de métodos anticonceptivos a “todas las personas en edad reproductiva”. Pero uno de estos supuestos derechos presenta el peligro más grande y ha alertado a las organizaciones pro-vida alrededor de todo el continente: el “derecho a la práctica legal del aborto”.
Por años los grupos abortistas y progresistas han afirmado que los “derechos reproductivos” no incluían el aborto, mientras que los grupos pro vida denunciábamos que eso era un engaño, una trampa para promover el aborto sin decirlo. Ahora queda claro que siempre tuvimos razón y que el abortismo internacional utiliza la trampa como su estrategia: cada vez que el progresismo internacional dice “salud reproductiva”, está incluyendo el aborto como un supuesto derecho.
El aborto ya es legal en la mayoría de los países de la EU, salvo en Malta y en Polonia (en este último está permitido en casos extremos). Lo que solicita este informe es que los Estados integrantes se comprometan a garantizar la posibilidad de abortar, es decir, presentan el aborto como un derecho que todos los países deberían cuidar. El documento indica explícitamente que, además de legalizar el aborto en los dos países que faltan, todos los Estados integrantes de la EU tendrían que dedicar presupuesto del gobierno a los abortos. Ya no les basta con la legalidad, ahora quieren los gobiernos faciliten el aborto.
El asunto no acaba ahí. Junto con el apoyo y promoción, el informe apunta que es igual de importante eliminar los “obstáculos que limitan el acceso” al aborto. En este punto, el informe no se refiere a los “obstáculos legales” sino a los situacionales. Subrayan como el principal la objeción de conciencia, el derecho que tiene el personal sanitario para no realizar abortos. Por ejemplo, en Polonia el aborto en la práctica no se realiza porque casi la totalidad de médicos han hecho objeción de conciencia. En palabras del informe, hay que eliminar la objeción de conciencia porque sería “la denegación de la atención médica fundamentada en las creencias personales” y para los promotores del informe, eso sería una violación de los derechos de las mujeres y, por tanto, una causa de desigualdad. Por supuesto, tampoco se podría informar sobre el aborto a las mujeres en las puertas de las clínicas o rezar por el fin del aborto, porque eso sería “obstaculizar un derecho” y, por tanto, ejercer una violencia de género
En resumidas cuentas, el informe intenta calificar el aborto como un derecho humano y darle mucha importancia. Si se llega a aprobar, los burócratas de la EU podrían presionar a los países de Europa para que dediquen más y más dinero de la sanidad pública a las clínicas abortistas. Además, podrían aumentar la presión a los países no europeos y pobres que reciben ayuda humanitaria para que incluyan políticas de abortos a cambio de donaciones o créditos. Los profesionales que no quieran realizar un aborto se verían obligados a hacerlo o perder su trabajo o ir la cárcel. Oponerse al aborto sería una violación de los derechos humanos y, como dice el informe, “una forma de violencia contra las mujeres y niñas”. Todos los grupos pro vida que operamos en Europa seríamos, potencialmente, delincuentes contra los derechos humanos.
Los grupos y movimientos pro vida en Europa nos estamos movilizando. La federación One of Us, de la que Population Research Institute-PRI forma parte, está desplegando una gran labor de lobby en Bruselas y en cada país con representación parlamentaria. El European Centre for Law & Justice (ECLJ) afirmó: “This report is a veritable Planned Parenthood wishlist”(Este informe es verdaderamente una lista de deseos de Planned Parenthood) y lanzó su propia estrategia de lobby. The Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) también ha criticado el documento y ha llamado a oponerse a él. La plataforma CitizenGo, a la que también apoya PRI, ha lanzado una alerta apoyada cientos de miles de europeos.
Esta presión ya ha logrado que el debate se pospusiera una vez, porque sus impulsores temían perder la votación. El miércoles 23 de junio será otra fecha clave en esta batalla tan dura.
