En respuesta a una columna publicada por Susana Chávez, directora de la ONG proaborto “Promsex”, dos especialistas de la asociación provida “Promujer y Derechos Humanos” de la ciudad de Arequipa respondieron a las varias falsedades empleadas para informar sobre la situación del aborto en el Perú.
La columna de Chávez, titulada “¿Qué tan lejos estamos de lograr la despenalización del aborto por violación en Perú?”, fue compartida por correo electrónico y sirvió para anunciar la presentación virtual de la publicación “La constitucionalidad del aborto por violación: Una causa pendiente”, transmitida en vivo por Promsex el 9 de diciembre.
Según la argumentación Chávez, el “aborto legal en el Perú es aún muy limitado” y por ello “miles de mujeres se ven obligadas a exponer su vida y su salud al recurrir a abortos clandestinos, en lugares insalubres e inseguros”.
Yoseline Muñoz, abogada de Promujer y Derechos Humanos, comentó a ACI Prensa que la afirmación de Chávez “es una imprecisión, ya que, al ser clandestinos, no existe data segura que nos indique una cifra”.
“Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país. Chávez estaría dando una cifra brindada únicamente por Promsex, conocida organización feminista que busca despenalizar y convertir en un derecho, el aborto en el Perú con fines cuestionables. Estas no son fuentes oficiales del Estado peruano”, aseguró.
La legislación peruana considera el aborto un delito, solo despenalizado para casos en los que está en riesgo la salud de la madre. La Constitución de Perú reconoce que “el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”, mientras que el Código de los Niños y de los Adolescentes indica que “se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad”.
Por su parte, Mariafernanda Gamero, psicóloga y coordinadora de Promujer y Derechos Humanos, se refirió a la mortalidad materna en el Perú en conversación con ACI Prensa.
“El Ministerio de Salud indica que desde el 2020 hasta abril de este año se habría registrado 626 mujeres que fallecieron, pero las causas fueron primero por hipertensión, segundo por hemorragias (que podría estar relacionada a mala praxis o falta de recursos para atenderse correctamente) y tercero por COVID”, comentó.
Ambas especialistas respondieron a la afirmación de Chávez, para quien tener penalizado el aborto “obstaculiza que este servicio médico sea brindado de forma segura y digna”.
Muñoz respondió que “el aborto es una práctica que pone en riesgo la vida de la mujer y, además, deja secuelas físicas y psicológicas que la acompañarán por el resto de su vida. Tampoco podemos hablar de dignidad, porque esta es un valor inherente a la persona por el solo hecho de ser persona; por tanto, es contrario a la dignidad poner fin al desarrollo de la vida con un simple test de ponderación entre el derecho a la vida, y el derecho a la libertad de la mujer”.
En otro punto de su columna, la directora de Promsex señala que es “indispensable” iniciar el debate del aborto por violación “frente a la alarmante realidad que viven las mujeres en nuestro país”.
Coincidentemente, un día después, el 10 de diciembre, la congresista izquierdista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, presentó el proyecto de “Ley que despenaliza el aborto en casos de embarazos como consecuencia de violación sexual”.
La abogada Muñoz afirmó que, “a pesar que los grupos feministas señalen que no existe sustento constitucional para defender la vida del no nacido, no se han desarrollado las razones para que un derecho absoluto, pase a ser una decisión”.
“La vida humana comienza en la concepción, y en dicho momento es deber del Estado respetar y defender la vida, con mayor énfasis en su momento más vulnerable”, recordó.
Por su parte, Gamero dijo que desde Promujer y Derechos Humanos “comprendemos y acompañamos los sentimientos de angustia y desesperación de las mujeres que sufren” por embarazos no deseados.
“Es por ello que nos oponemos con firmeza al aborto, pues sabemos que dicha práctica no terminará con el dolor de la mujer, mucho menos con los abusos sexuales; muy por el contrario, es causa de dolor y de invisibilizar un crimen que debe ser erradicado”, acotó.
Gamero aseguró que “despenalizar el aborto no eliminaría una problemática social, sino que más bien es un medio ideológico que beneficia a otros a costa del sufrimiento de muchos”.
“El aborto (clandestino o legal) no solo termina con una vida y ocasiona serios problemas en la salud mental y física de la mujer, sino que también puede impactar negativamente en la vida de quienes la rodean”, señaló.
Según la columna de Chávez “las mujeres podrían cumplir hasta cuatro años de pena privativa de la libertad en caso decidieran realizarse un aborto”.
Muñoz desmintió esa afirmación. Aseguró que “no se trataría de cuatro años de pena privativa de la libertad”.
“El artículo 114° del Código Penal señala que la mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas; ahora bien, en la práctica genera mucha duda pensar que haya una sola mujer en prisión por abortar. No se conoce ni un solo caso en Perú”, afirmó.
Para Gamero “es evidente que la perspectiva de Promsex es ideológica, es decir, no tiene sustento científico y es totalitaria”.
“Despenalizar el aborto trae consigo distintas acciones necesarias, como financiamiento, vulnerar la objeción de consciencia de nuestro personal de salud y el descuido de las políticas necesarias a implementar como la sanción a agresores sexuales y el apoyo a mujeres que por sentirse desprotegidas y desatendidas opten por algo que les traerá consecuencias terribles y dolorosas por el resto de su vida”, comentó.
Por su parte, Muñoz dijo que “tras escuchar a Susana Chávez, en la presentación del libro ‘La constitucionalidad del aborto por violación’, me preguntaba qué de gozo o alegría puede generar ser consiente que, para pretender solucionar un tema tan doloroso como es una violación sexual, se tenga que acabar con la vida de un nuevo ser que vino al mundo y que tiene derecho a vivir y desarrollarse”.
Gamero dijo que para ayudar a resolver el problema de la violencia contra la mujer “es necesario hablar sobre el derecho a la vida como derecho indispensable, el apoyo multidisciplinario a la víctima y las opciones de ayuda y acogida a la vida en un contexto difícil de afrontar”.
“Es imprescindible también hablar sobre la prevención de la violencia, fortaleciendo a la familia y educando en la virtud desde pequeños. Por último, debemos tener claras las sanciones y trabajar en programas integrales de rehabilitación a agresores”, agregó.
Promujer y Derechos Humanos tiene como fin inspirar a las mujeres y defender sus derechos desde la concepción hasta su muerte natural.
La institución trabaja de manera organizada para brindar acompañamiento, atención psicológica, legal y ayuda social a las personas que más lo necesitan.
“Comprendemos que los sentimientos de algunas personas que militan en el movimiento feminista pueden ser movidos por compasión y empatía; sabemos que es necesario hacer algo, pero debemos pensar en soluciones reales, que protejan el bien supremo, la vida”, señalaron las representantes de la organización.
Fuente: ACIPRENSA
