A la fecha más de catorce incitativas de ley para legalizar la eutanasia han sido negadas , derrotadas, hundidas, por el Congreso de la República de Colombia. Esto muestra con claridad la voluntad firme del legislativo de proteger y cumplir con lo que manda la constitución que en su articulo 11 afirma que la vida humana en Colombia es inviolable y que no habrá pena de muerte.
Ante este claro ordenamiento, los promotores de la cultura de la muerte han buscado otra vía para imponer la eutanasia, al igual que el aborto, a través de la corte constitucional que paradójicamente en lugar de cumplir con su función esencial de defender la constitución, la ha venido violando consistentemente para imponer sus criterios ideológicos traicionando la voluntad popular expresada en el constitución. Así en 1997 , abusando de su autoridad y cambiando la constitución a través de una ”paralegislación” que busca imponer una ideología contraria a la cultura del pueblo colombiano, se despenalizo la eutanasia con la sentencia C239 de 1997.
Desde entonces han venido aumentando la “paralegislación” con sentencias que buscan la autojustificación, citándose unas a otras para crear un hecho jurídico sin fundamento constitucional ni legal, pues la corte y sus magistrados no pueden crear derechos , y mucho menos legislación a través de sentencias que no surgen del poder legislativo. Estas sentencias nos están llevando de manera acelerada a la tiranía de los jueces, que imponen se voluntad de manera antidemocrática a la nación.
En este línea de acción, la corte da ordenes al Congreso de que legislar y como hacerlo y si el congreso se niega, entonces ordenan al ejecutivo que reglamente sus sentencias, argumentando que ante la negativa del congreso, el ejecutivo debe cumplir sus órdenes, violando nuevamente el orden jurídico y democrático pues el ejecutivo solo puede reglamentar leyes de la república, no sentencias de los jueces.
En este frenesí de dictar sentencias contra la vida, la corte ha emitido la última , la C 233 de 2021, hace unas semanas, que amplia la eutanasia de enfermos terminales a los crónicos y con enfermedades psicológicas, de tal forma que la persona que se encuentra en depresión podría aplicársele la eutanasia. Esto esta mandando el mensaje al sistema de salud que deben aplicar la lógica utilitarista, es decir es mas barato matar que curar y cuidar a los enfermos crónicos o terminales.
El ministerio de salud en cabeza del Ministro Fernando Ruiz Gomez, aprovechando estas sentencias y con el pretexto de dar cumplimiento a la orden de la corte constitucional (lo que es ilegal como hemos comentado) ha emitido la resolución 971 de 2021 que profundiza aun mas las anteriores reglamentaciones para aplicar la eutanasia en el país, negando prácticamente la objeción de conciencia en el sistema de salud para obligarlo a aplicar el procedimiento .
El rechazo de la sociedad civil ha sido vigoroso, junto a la firme respuesta de la Bancada Provida que ha demandado la resolución 971 ante el Consejo de Estado.
Además esta bancada ha realizado también un brillante debate de control político en el Congreso de la Republica al ministro de salud el pasado 2 de septiembre, exigiendo sea retirada la resolución 971 con argumentos sólidos y contundentes que el Ministro no ha podido responder con suficiencia.
Existe pues la clara posibilidad que esta resolución sea retirada, pues ante el sufrimiento y dolor de los enfermos, pacientes terminales o crónicos, existe la respuesta clara en el país a través de la ley de cuidados paliativos (ley 1733 de 2014) que prevé la atención a estas personas con la filosofía de curar cuando sea posible pero cuidar siempre.
Desafortunadamente su implementación por el ministerio de salud ha sido muy pobre, mientras que a la promoción de la eutanasia se le esta dando toda la fuerza, como si se quisiera imponer el criterio utilitarista de que es mas barato matar que curar o cuidar al que sufre.
La batalla continua y estas acciones del ministerio y la corte constitucional seguirán siendo enfrentadas con un trabajo serio y valiente por numerosas organizaciones ciudadanas y médicas, aunadas a la bancada provida por la defensa de la dignidad y la vida de cada ser humano en Colombia
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