En general las organizaciones feministas son las que menos pueden criticar los excesos de las esterilizaciones en el gobierno de Fujimori porque ellas estuvieron desde el principio con él y siempre presionaron para que el gobierno incluya las esterilizaciones como método de planificación familiar:
Lo hicieron cuando vino el Papa Juan Pablo II por primera vez en una carta el 15 de Mayo de 1988.
Aplaudieron y acompañaron a Fujimori a la Conferencia de El Cairo en 1994 (Fujimori fue el único presidente que asistió a esa reunión).
Celebraron la modificación a la Ley Nacional de Población en Octubre de 1995 para incluir la esterilización como método de Planificación Familiar.
Y finalmente recibieron muchísimo dinero de USAID precisamente desde 1995 para sumarse al Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva en el gobierno de Fujimori.
Manuela Ramos recibió 25 millones de dólares de USAID en un solo proyecto llamado Reprosalud entre 1995 y 2000 para “Aumentar la utilización de métodos de planificación familiar y otros servicios seleccionados de salud reproductiva en las áreas objetivo (varías provincias del interior del Perú)”.
En la página 5 del Proyecto Reprosalud escrito originalmente en inglés dice
“The proposed project fits squarely within Government of Peru policy, the new directions of USAID and the Action Plan of USAID/Peru…
The general strategy is to reach rural and marginal urban areas, using public and private organizations as implementers. The GoP has established a national network for women’s programs, to work with government, private, and international organizations…”
(Traducción: El propósito de este poryecto se adecua perfectamente con las políticas de gobierno del Perú, la nuevas directivas de USAID y el Plan de Acción de USAID/Perú…
La estrategia general es cubrir áreas rurales y urbano marginales, utilizando organizaciones públicas y privadas como implementadores. El gobierno de Perú ha conformado una red de programas para la mujer para trabajar con organizaciones gubernamentales, privadas e internacionales…)
En esas áreas donde trabajó Reprosalud haciendo “salud reproductiva” para aumentar las usuarias de métodos de “planificación familiar”, se produjeron miles de esterilizaciones no voluntarias e incluso muertes de mujeres. ¿Es que las Manuelas trabajaron allí en esas zonas no vieron nada entre 1996 y 1997? ¿Por qué no dijeron nada sino hasta que la Iglesia Católica comenzó a denunciar estos hechos y la cooperación internacional de USAID se detuvo por una investigación presentada por Population Research Institute en el Congreso de USA? Muy sencillo, porque Manuela Ramos y las demás organizaciones feministas trabajaban con Fujimori desde el principio.
Después se sumaron a la protesta claro pero solamente cuando les ha convenido a sus fines institucionales. Como por ejemplo hoy cuando tienen una opción clara por uno de los candidatos. Usar el tema (y a las pobres mujeres esterilizadas) 4 días antes de las elecciones en contra de un candidato, es lamentable y contradice cualquier afirmación a favor de las mujeres.
Todo esto solo se confirma que luego de 25 millones de dólares en chicharrones, ahora andan en búsqueda de otro chancho.
Mientras haya memoria, las feministas no estarán seguras (de habernos engañado)
Parafraseando un dicho de las abuelas, las organizaciones feministas difícilmente podrán re escribir la historia para hacernos creer que no participaban de la misma ideología del gobierno de Fujimori cuyas consecuencias fueron las esterilizaciones forzadas. Por el contrario, hay muchos documentos periodísticos y estudios serios que demuestran que actuaron en sociedad con el gobierno de Fujimori.
Basta tomar un par de citas.
En Caretas en 1999, César Lévano director del diario La Primera que es abiertamente favorable a la candidatura de Ollanta, analizando las Mujeres y el Poder en el entorno de Fujimori: “Las Feministas. Se sitúan en la segunda línea de las altas esferas del poder (aunque sin llegar a tener una relación cercana ni vínculos con el Presidente) un grupo de mujeres intelectuales y profesionales, especialistas en temas de género y muchas de ellas feministas de las ONGs».
Maruja Barrig, una de las mayores representantes del feminismo en Perú, en su libro “Persistencia de la Memoria. Feminismo y estado en el Perú de los 90”, accesible en internet en http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Persistencia de la Memoria Feminismo y Estado Barrig.pdf cuenta con detalles cuál fue la actitud de las organizaciones feministas frente a las esterilizaciones del gobierno de Fujimori.
Barrig explica que las feministas no protestaron contra las esterilizaciones desde el principio porque formaban parte de una misma coordinación conocida como la Mesa Tripartita. Manuelas y Floras organizaron esta Mesa Tripartita para implementar la salud reproductiva en el Perú (esterilizaciones incluidas) en 1997 y allí reunieron los esfuerzos de gobierno, cooperación internacional y ONGs privadas. Ella cita a una dirigente feminista:
“Una de las cosas que ha limitado la capacidad de la Mesa para intervenir con oportunidad, como en el caso de las AQV, es justamente su composición, porque es muy difícil ponerse de acuerdo allí adentro, la impresión es de que nadie quiere “pisar los callos” de nadie” (pág 15)
Otras citas del libro de Barrig confirman que las organizaciones feministas participaron del gobierno de Fujimori hasta prácticamente antes de su caída.
La Mesa Tripartita la conformaron, según Maruja Barrig: el Estado: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, PROMUDEH, Secretaría de Cooperación Técnica Internacional (SECTI), INEI, Ministerio de RREE y Comisión de la Mujer del Congreso. Por las agencias de cooperación: UNFPA, OPS, AID y Unión Europea. Organizaciones de la sociedad civil: ONGs (Flora Tristán, Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, APROPO, INPPARES) y Universidades (PUC, San Marcos y el Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia). Concretamente la MT la integran por el Estado: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, PROMUDEH, Secretaría de Cooperación Técnica Internacional (SECTI), INEI, Ministerio de RREE yComisión de la Mujer del Congreso. Por las agencias de cooperación: UNFPA, OPS, AID y Unión Europea. Organizaciones de la sociedad civil: ONGs (Flora Tristán, Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, APROPO, IMPPARES) y Universidades (PUC, San Marcos y el Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia) (Pág. 5).
Luego del discurso de Alberto Fujimori en Beijing en 1995, Maruja Barrig señala que se produjo “una cierta alianza, implícita aunque no pactada, del gobierno con organismos de la sociedad civil, reagrupando a las feministas en su entorno y de alguna manera dirimiendo, desde la sociedad civil, en la tensión entre Fujimori y la Iglesia Católica, respecto de la Planificación Familiar” (Pág. 11).
Según una entrevista realizada para el estudio de Maruja Barrig, “[En la Mesa Tripartita…] la mayoría de la gente no tenía claro su rol como ‘sociedad civil’, por el contrario, entendían que ‘todos somos parte del Programa de Planificación Familiar’ y por lo tanto, los enemigos del Programa, son enemigos nuestros”. (Pág. 11).
En otra de las entrevistas realizadas para el documento de Barrig, cita “Una de las cosas que ha limitado la capacidad de la Mesa para intervenir con oportunidad, como en el caso de las AQV, es justamente su composición, porque es muy difícil ponerse de acuerdo allí adentro, la impresión es de que nadie quiere ‘pisar los callos’ de nadie. Apreciación compartida por otra entrevistada quien llegó a afirmar que políticamente esa Mesa está maniatada” (Pág. 15).
Barrig también afirma que “desde 1996 periodistas del diario El Comercio- y posteriormente La República -, políticos de oposición, parroquias y organizaciones de mujeres habían comenzado a detectar y difundir que estaba en marcha un programa de Planificación Familiar que priorizaba la oferta del recientemente liberado método de ligadura de trompas, entre otros medios contraceptivos, en los establecimientos públicos ubicados en las provincias más pobres del país se denunció que el convencimiento a las mujeres para ligarse las trompas estaría siendo apoyado por el ofrecimiento de alimentos, donados a postas de salud por la USAID-Prisma, a través del Programa de Alimentación para Familias en Riesgo (PANFAR)” (Pág. 18).
Barrig admite las denuncias tempranas de la Iglesia Católica: “En efecto, como se señaló anteriormente, desde la inclusión de la ligadura de trompas y la vasectomía como parte de los servicios de PF en los establecimientos de salud pública, la Iglesia Católica tuvo un papel definido en la protesta. Desde 1995, los primeros argumentos contrarios a la medida enfatizaban- y lo seguirían haciendo- la defensa de la dignidad de la persona humana (Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP); 24.8.95), con el agregado, posterior, de la dignidad de la población más pobre (Obispo del Callao Miguel Irízar, La República 10.12.97) y considerando la “esterilización” como un atentado a la dignidad de la mujer (Obispo Juan Luis Cipriani, La República 20.1.98). Con el mismo título- La Dignidad de la Mujer-, el mencionado Obispo editorializó sobre la Planificación Familiar y la “mutilación” del AQV, en El Comercio 25.1.98. Polémicamente, poco tiempo después, el citado personaje aseveró que la ligadura de trompas es declarar que el Perú es un burdel. (La República 20.2.98). Un marco mayor, el de los Derechos Humanos y la inconstitucionalidad de la norma legal que abría la posibilidad del AQV en los servicios públicos de salud, había sido tempranamente esgrimido en un comunicado en contra de su inclusión por la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyendo que la ley mella gravemente los DDHH (Comunicado de la PUCP, El Comercio 11.9.95)” (Pág. 20).
“Nosotros estamos de acuerdo con los programas de Planificación Familiar porque es un derecho elegir cómo cuidarnos. El problema es que la Iglesia se ha ido al otro extremo y ha generado caos y confusión entre los peruanos (Declaraciones de Gina Yáñez del Movimiento Manuela Ramos a La República 22.2.98)” (Pág. 22).
Barrig: “mientras algunas voces y articulaciones feministas, se retraían y privilegiaban la fiscalización y la denuncia sobre las posibilidades de influencia directa en la política, otros grupos revaloraban estas estrategias centradas en el Estado a través de la moderación en el discurso: la negociación. Para el caso de las evidencias sobre AQV, las posibilidades de fortalecer y difundir una “tercera posición”, feminista, equidistante del gobierno peruano y de la Iglesia Católica, asombrosamente, se disolvieron” (Pág. 27).
Barrig reconoce (nota al pie 34, Pág. 27) “la centralidad de la Iglesia Católica no sólo en el debate sino también en la acción se evidencia en el aún inédito reporte de la Defensoría del Pueblo respecto al AQV: de los 80 casos ingresados “de parte”, es decir cuando la denuncia la efectúa el o la agraviada, los familiares o una institución, 35 de ellos fueron ingresados por representantes de la Iglesia Católica y sólo ocho por ONGs de mujeres”.
En otra entrevista realizada para el informe de Barrig, “fue un momento muy complicado para Flora Tristán […] nos hicieron saber que poníamos en peligro lo avanzado en el Cairo y que adoptar una postura autónoma implicaba enfrentarse al Estado” (pág. 29).
Barrig señala: “el 5 de Febrero de 1999, casi dos años después de constituirse, se publica un comunicado de la Mesa Tripartita sobre la aplicación del AQV, donde se opina que la información de que en el Perú se aplica un Programa de Esterilización” (pág. 30).
El Presidente Alberto Fujimori, citado por Barrig, señaló que “aunque parezca difícil de creer, algunas organizaciones no gubernamentales que probablemente no tuvieron la participación presupuestal que esperaban, se sumaron a la campaña de algunos medios de comunicación y sectores políticos que, traicionando sus principios, actuaron en contra de los programas desalud reproductiva”. (Pág. 34).
Fuente: Population Research Institute. Foto: ANDINA
