El 10 de Noviembre Manuel Merino de Lama asumió las funciones de presidente del Perú reemplazando al destituido Martín Vizcarra. Merino es el tercero que ocupa el cargo en el mismo periodo. En el 2018 Vizcarra, siendo vicepresidente, sucedió a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien debía haber gobernado desde julio del 2016 hasta julio del 2021, pero renunció ante una inminente destitución por la evidencia de sobornos recibidos de Odebrecht. Este conocido megacaso de corrupción internacional también ha involucrado a otros 3 presidentes peruanos que lo precedieron.
Merino recibió el encargo por ser en ese momento presidente del Congreso en una sucesión prevista por la Constitución en estos casos. La Constitución peruana en su artículo 113 otorga la posibilidad al Congreso de declarar la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral” con una mayoría cualificada de 2/3 de los votos. La vacancia presidencial en esta causal nunca se había aplicado en el país. Sin embargo, en este último periodo 2016-2021 fue prácticamente un tema permanente. PPK tuvo dos mociones congresales de vacancia, una fallida y otra que se iba a concretar si éste no se adelantaba con su renuncia.
La votación del 9 de noviembre que finalmente destituyó de su cargo a Vizcarra fue la segunda moción de vacancia en tan solo 2 meses. La primera obtuvo la mayoría de votos, pero no el mínimo establecido para vacarlo. La definitiva fue abrumadora con 105 votos a favor, solo 19 en contra y 4 abstenciones.
En efecto, Martín Vizcarra acumuló numerosas denuncias por actos de corrupción en diferentes cargos públicos que ocupó en los últimos 10 años: gobernador de la región de Moquegua (2011-2014), ministro de Transportes y Comunicaciones del presidente PPK (2016- 2017) y presidente de la República (2018-2020). En los últimos meses, tuvo que enfrentar varios escándalos mediáticos que negó infructuosamente. Múltiples evidencias en fotos y audios desmintieron sus descargos y argumentos. Estas se hicieron públicas muy recientemente en los pocos medios de comunicación que no son incondicionales al oficialismo. La gran mayoría de medios peruanos sobrevive a una quiebra inminente gracias a los millones de dólares en publicidad estatal.
Un dato anecdótico, pero muy esclarecedor, fue el audio de una conocida periodista peruana, que se viralizó por redes sociales. En este audio de un chat familiar, esta acérrima defensora de Vizcarra contaba cómo “durante un buen tiempo” ella había conversado con el fiscal encargado de la investigación a Vizcarra por corrupción “para evaluar qué tratamiento se le daba en RPP” (el medio de comunicación donde trabaja). Decía en la intimidad familiar que ya no lo podía defender más porque se trataba del “caso más sólido que tiene la Fiscalía” con más evidencia que otros presidentes y políticos cuyo destino muy probable es la prisión.
Si bien el proceso de vacancia presidencial ha cumplido estrictamente lo estipulado por la Constitución, también revela la inestabilidad de la institución democrática en el país. La cadena de sucesiones presidenciales por casos de corrupción ha ido más allá de lo imaginable: un presidente del Congreso que sucede a un vicepresidente que a su vez sustituía a un presidente elegido en las urnas. Esa secuencia en la más alta investidura política era inédita en Perú pero quizás reflejo del pandemonium que se vive mundialmente.
Pero no es lo único. Recordemos que Vizcarra cerró el Congreso hace tan sólo 13 meses. En ese momento, la tensión entre el Ejecutivo y Legislativo estaba al máximo. Se discutía el otorgamiento de confianza del Congreso a un nuevo Gabinete de Ministros de Vizcarra y la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. La negación de la confianza, por ser una segunda vez en el mismo periodo presidencial, daba la posibilidad al presidente de cerrar el Congreso.
Todo parece indicar que Merino llevará el barco a puertos democráticos sin sobresaltos y sin provocar cambios radicales en los 8 meses que tendrá el mandato
Vizcarra presentó un proyecto de ley reformando el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional cuyo efecto era mantener a los que estaban. El Congreso dio la confianza, pero rechazó ese proyecto de ley. Vizcarra lo interpretó como “negación fáctica” de la confianza y cerró el Congreso. Por supuesto, el Tribunal Constitucional dio la razón a Vizcarra. Y la prensa afín lo celebró.
En este tortuoso camino, también debía haber figurado una segunda vicepresidente de PPK. Pero su capítulo fue brevísimo. Renunció al día siguiente de ser reconocida y juramentada por el Congreso para suceder a Vizcarra que, por la “negación fáctica”, se habría convertido en un presidente de facto. También se apartó de Vizcarra renunciando como vicepresidente.
Resulta dramático que, en poco más de un año, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hayan sostenido dos aparatosos choques de trenes con resultados opuestos.
Manuel Merino de Lama trae como experiencia haber sido congresista en tres periodos. Los anteriores fueron del 2001 al 2006 y del 2011 al 2016. Siempre elegido por Tumbes, pequeña jurisdicción costera limítrofe con Ecuador. Pertenece al partido Acción Popular que ha tenido un resurgimiento en elecciones recientes, resistiéndose a la desaparición o intrascendencia de los otros partidos políticos peruanos. Curiosamente, Fernando Belaunde, fundador de Acción Popular, es el único presidente que se recuerda cuyo patrimonio personal se mantuvo igual luego de dejar la presidencia.
Merino ha asumido el cargo nombrando un Gabinete de Ministros de consenso enfocado en la reactivación económica. En su primer discurso, reconfirmó la fecha de las elecciones presidenciales y congresales ya programada para el 11 de abril próximo.
Merino es una persona equilibrada, casado y católico practicante. Quizás las palabras de juramentación al cargo lo describan sucintamente a nivel personal: “Juro por Dios, por la Patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos”.
Todo parece indicar que Merino llevará el barco a puertos democráticos sin sobresaltos y sin provocar cambios radicales en los 8 meses que tendrá el mandato. El futuro del Perú dependerá para bien o para mal de aquel que salga elegido el 2021. Hasta ahora los candidatos con más popularidad apuntan a ser más de lo mismo agravando la inestabilidad democrática y la crisis económica secuela del encerramiento de la pandemia COVID19 y la pésima gestión del ejecutivo en los últimos 10 años.
El único escollo que deberá superar Merino en estos días es la narrativa desestabilizadora a manos de la prensa incondicional a Vizcarra y ciertos grupos radicales de izquierda que antes gozaban del favor político a través de cargos o consultorías en la función pública muy bien pagados. Las destempladas acusaciones de golpe de estado encuentran mucha acogida en la prensa y proyectan una imagen internacional muy distinta a la realidad. Los peruanos sabemos que este tipo de violencia callejera de estos grupos políticos radicales y minoritarios durará unos pocos días. Ya existe un arraigado hartazgo tanto del discurso populista incoherente y corrupto como de la violencia de grupos radicales que sólo traen más pobreza y enfrentamientos estériles.
Los peruanos necesitamos asimilar vivencialmente que la democracia es un sistema basado en el consenso que tiene como último recurso la votación. Y para hacer consenso se debe dialogar y debe existir equilibrio de poderes.
La gran mayoría de la población desea que Merino no se aleje mucho de lo que ha propuesto públicamente. Las próximas elecciones en Perú constituyen una valiosa oportunidad de extirpar el cáncer de una corrupción que apunta ser crónica.
