El debate vicepresidencial ciertamente careció de la teatralidad que vimos en el primer debate presidencial. Sin embargo, hubo una excepción notable. Fue cuando la senadora Kamala Harris subió a la hipérbole en el tema de la atención médica y la Corte Suprema. Si fuera tal como lo que dijo Harris, tendríamos que imaginarnos a Amy Coney Barrett como un autómata sin discernimiento ni sangre, programado solo para destruir la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare). Sobra decir que éste no es el caso.
Sin embargo, hay una razón por la que Harris recurrió a tales tácticas: porque ella y todos los demás políticos del Partido Demócrata saben que es posible que ya no tengan la Corte Suprema para defender su agenda inconstitucional. Barrett asusta a la izquierda porque es una originaria en el estilo de su difunto jefe, el juez Antonin Scalia. Eso significa que, en caso de ser confirmada ante el tribunal superior, no dudará en derogar leyes inconstitucionales como el Obamacare.
Si Barrett es confirmada antes de las elecciones presidenciales, estará disponible para escuchar los argumentos orales en California vs. Texas. Las preguntas ante el tribunal en ese caso son, si el mandato individual es ahora inconstitucional porque el Congreso ha reducido la pena a cero dólares, si el mandato individual es separable del resto de la ley, y si Texas y quienes lo acompañan tienen derecho a demandar o no.
El hecho de que la izquierda haya reconocido casi universalmente que el nombramiento de una constitucionalista significaría el fin del Obamacare significa que todos ellos saben que la ley es inconstitucional. La única razón por la que se mantuvo la ley en primer lugar fue la dudosa afirmación de que la sanción del mandato individual era un impuesto. Ahora que el mandato individual se ha reducido a cero, ni siquiera hay una débil pretensión de que sea constitucionalmente defendible como un «impuesto» y Harris lo sabe. Ese es el pánico que los espectadores tuvieron que ver en el debate.
Esto dice bastante sobre la forma en que los demócratas ven nuestro sistema de gobierno y sobre lo que busca su agenda. El papel de la Corte Suprema, bien entendido, es interpretar la ley. No hacer leyes. Las objeciones de los demócratas a un candidato a la Corte Suprema no incluyen ninguna consideración constitucional, sino solo resultados políticos. Esto se debe a que ellos creen que la corte es solo otro medio para lograr sus objetivos políticos, y claramente no están en sintonía con la visión de los padres fundadores de Estados Unidos.
Cuando la derecha discrepa con un juez, lo más frecuente es que se deba a una interpretación demasiado amplia de la Constitución o a la voluntad de dejar que sus propios puntos de vista enturbien su juicio. Este ha sido el caso recientemente del presidente del Tribunal Supremo John Roberts, quien últimamente parece estar más preocupado por su legado que por la preservación de la Constitución. También es el caso de muchos jueces designados por presidentes demócratas. Los jueces activistas son quizás la mayor razón por la que la izquierda ha podido defender su abuso y desprecio por la Constitución.
En última instancia, esta es la razón por la que Joe Biden y Harris quieren que el debate sobre las calificaciones de Barrett se centre en sus opiniones políticas. Si interpretamos honestamente la Constitución, simplemente no tienen argumentos. Y ellos lo saben. Esta es también una admisión tácita de que las calificaciones de Barrett son irrefutables, razón por la cual han optado por centrarse en Obamacare o incluso atacar su fe. También es por eso que no descartarán copar la corte si ganan las elecciones. Su agenda no tiene ninguna posibilidad de concretarse de otra manera. Agregar a Barrett a la Corte Suprema sería la sentencia de muerte para leyes descaradamente inconstitucionales. Es lógico que Obamacare sea la primero de muchas en caer.
Parissa Sedghi
Traducción no oficial de Washington Examiner
